La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha votado esta semana cuatro enmiendas que tienen como objetivo la discriminación de la raza autóctona de bravo en la futura Política Agraria Comunitaria (PAC), y por tanto, a una parte fundamental del tejido rural español.

Desde UCTL consideramos que las dos enmiendas, contrarias a los intereses del campo español, violan derechos fundamentales de los agricultores reconocidos en los tratados de la UE, y, por tanto, si fuera necesario recurriremos hasta Tribunal Europeo de Justicia si la nueva PAC discriminase a los ganaderos españoles.

Los textos que han contado con el voto favorable de eurodiputados españoles de PSOE y Podemos y que por tanto, no apoyan los intereses del tejido rural y empleo verde español, especifican lo siguiente: “exclusión de las ayudas acopladas a las cabezas de ganado cuyo destino final sea la venta para lidia o ventas indirectas para tal fin”, y “el FEGA y FEADER no deben proporcionar ayuda a los agricultores cuyas actividades incluyan la cría de toros de lidia. Ese tipo de financiación constituye una clara violación del Convenio europeo de protección de los animales en explotaciones ganaderas”.

Por otro lado, se ha conseguido rechazar otras dos enmiendas con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, que recogían lo siguiente: “supresión de ayuda de la superficie dedicada al cultivo de pastos para animales cuyo destino final es la lidia o las ventas indirectas para tal fin y “exclusión en la definición de ‘ganadero activo’ a aquellos ganaderos cuya actividad incluya la cría de toros para espectáculos taurinos”.

Asimismo, queremos aclarar que nos encontramos en proceso de debate del Reglamento de la futura PAC (2023-2030) que se extenderá hasta al menos el mes de abril. La aprobación de estas enmiendas ha tenido lugar en el marco de la votación en la que el Parlamento Europeo ha fijado su punto de vista para negociar la PAC con los Estados miembros, pero no quiere decir que serán incorporadas en el futuro texto de la PAC pues incluso constituirían una violación del Derecho Comunitario.